Casos de
Éxitos

Cuando sus hijos eran pequeños, Agustín decidió viajar a Estados Unidos para trabajar, con el sueño de mejorar la calidad de vida de su familia. Después de unos años, él regresó a San Luis Potosí para reunirse con sus seres queridos. En ese tiempo, con escolaridad de secundaria, Agustín debía trabajar en diversos empleos para poder cubrir los gastos de su familia.
El 19 de junio de 2011, Agustín fue acusado de robar una camioneta, él se encontraba a bordo de ella porque un amigo que la conducía le dijo que se subiera para que lo acompañara a “hacer un mandado”. Cuando los policías le dijeron al dueño de la camioneta que la otra persona se fue corriendo y que solo lograron detener a Agustín, él les manifestó que no quería proceder en su contra, porque era su vecino, lo conocía y sabía que él no había sido quien se la robó. Esta equivocación pudo haber llegado a un arreglo, sin embargo, la policía presentó la denuncia, impidió que el conflicto se resolviera, Agustín fue detenido y pasó 6 años y 2 meses en prisión.
Ello bastó para que la Juez le dictara una sentencia condenatoria. Durante el tiempo que Agustín estuvo detenido, su familia le mostró su apoyo. Su pareja asumió los gastos del hogar, así como la crianza y educación de los hijos y se mantuvo siempre atenta al proceso legal. Toda la familia vivió momentos de frustración, desesperación, enojo y carencias.
En prisión, Agustín se dedicó a trabajar como vendedor e incluso, se dispuso a estudiar la preparatoria. Sin duda, uno de sus mayores aprendizajes fue tomar mejores decisiones y asegurarse que éstas lo lleven siempre a alcanzar sus metas.
Renace asumió la defensa de Agustín, una vez que se encontraba a disposición del Juez de Ejecución, quien con fundamento en la Ley Nacional de Ejecución Penal, el día de hoy le concedió gozar de forma anticipada su libertad.
La historia de Agustín demuestra una vez más que el anterior sistema de justicia penal en México, no evidenciaba la verdad de los hechos, no exigía defensas adecuadas, violaba derechos humanos de las personas y sancionaba a quien era detenido de forma ilegal. Aún nos encontramos en transición del sistema, pero lo más importante son los operadores y su capacitación, el ejercicio responsable del órgano receptor de denuncias y sensibilizar el contenido de las reformas a la ciudadanía.
Agustín recupera su libertad, y acompañado de Renace Capítulo San Luis Potosí, continuará su proceso de reinserción que lo ayudará a potencializar sus habilidades y a retomar sus planes de vida.

Guadalupe es una mujer de 25 años de edad, madre de una niña de 4 años y un niño de 3 años. Tiene escolaridad de 1º de secundaria y por cuestiones económicas no pudo seguir con sus estudios. Vive con su madre y sus hijos, en una vivienda rentada que apenas puede pagar con lo poco que gana a la semana como empleada del hogar.
Hace unos años, Guadalupe se casó y tuvo a sus dos hijos. Su esposo dejó la casa y nunca se hizo responsable de los niños. En el año de 2014, el esposo de Guadalupe la denunció por violencia familiar. Su proceso fue irregular y con una defensa incorrecta. En consecuencia, Guadalupe fue injustamente sentenciada a pasar un año en prisión o pagar una fuerte cantidad de dinero.
En San Luis Potosí, el delito del fuero común más recurrente es violencia familiar. Sin embargo, en la experiencia institucional, nos hemos percatado que la gran mayoría de las mujeres acusadas por ese delito, son en realidad víctimas y fueron señaladas para evadir responsabilidades de los propios agresores. En este caso, el esposo de Guadalupe no cumple con sus obligaciones como padre. El Estado criminaliza a las mujeres que se dedican al cuidado de sus hijos, en lugar de buscar soluciones para el bienestar de los menores.
Guadalupe solicitó la ayuda de Renace para conservar su libertad, ya que su situación económica no le permite costear esa cantidad y contra su sentencia, ya no hay recurso legal.
Hoy, gracias a donantes que creen en la causa, Guadalupe ha podido pagar su beneficio y puede conservar su libertad para compartir momentos con sus hijos.
Guadalupe tiene como propósito tener un empleo formal y contribuir productivamente a la sociedad. Renace la acompañará en su proceso de reinserción con tratamiento psicológico y vinculación laboral, y así poder generar las condiciones para mejorar la calidad de vida de ella y su familia.

Ángel es un joven de 24 años de edad, quien fue detenido el 12 de junio de 2014, al inicio de su proceso fue defendido por un abogado que únicamente le acompañó hasta que dictaron auto de formal prisión en su contra, lo que generó una serie de diversos abogados en distintos momentos, y ello implicó que no estuviera clara la estrategia de su defensa.
En el mes de Junio de 2015, Renace comenzó a dar tratamiento terapéutico para su familia y a su vez, se asumió su defensa, planteando una estrategia clara y definida de esta y sobre ella se comenzó a trabajar, por lo que se ofrecieron diversas pruebas, pero su desahogo depende de la participación de las partes en el proceso.
En julio de 2016 se promovió un incidente de revisión de la medida cautelar consistente en prisión preventiva, con base en la miscelánea penal publicada en ese año para que los jueces puedan modificar, sustituir o cesar esa condición, cumpliendo determinados requisitos, en aquellos delitos que no son graves, de acuerdo con la Constitución Política Federal. En su resolución, el juez virtualmente sustituyó la prisión preventiva, ya que impuso una garantía económica por una cantidad excesiva que Ángel nunca podría pagar. Dicho monto estaba basado en la reparación del daño, sin respetar el principio de presunción de inocencia y sin considerar las características personales de Ángel, como ordena la ley.
Inconforme con ello, se promovió amparo contra dicha resolución, la cual fue avalada por el juez federal. En consecuencia, se presentó el recurso de revisión, el cual fue resuelto con un criterio de pleno respeto a los derechos humanos y resultó favorable para Ángel. En el pasado mes de marzo, el Tribunal determinó que, de acuerdo a la norma, al realizar la estimación del monto de la garantía económica, el juez debe considerar las características personales y que las medidas sean eficaces para que se cumpla con el proceso. Así, el juez ha fijado una cantidad razonable, considerando el contexto y particularidades de Ángel.
Hoy Ángel recupera su libertad, gracias a un criterio de respeto a los derechos humanos y al principio de presunción de inocencia. Renace lo acompañará jurídicamente en lo que resta de su proceso penal. Asimismo, seguirá con su proceso de reinserción, a través de tratamiento psicológico, capacitación y vinculación laboral para que pueda reincorporarse a la vida social y productiva.

Martha es una mujer de 35 años de edad y originaria de un municipio del interior del Estado. Tiene escolaridad de secundaria y aunque ella quería seguir estudiando, su madre no creía que las mujeres debían estudiar. Tiene una hija de 15 años y un hijo de 14 años. Desde muy pequeña, Marta padece de ataques epilépticos, los cuales han hecho que pase dificultades en su vida cotidiana.
Hace 11 años, ella se separó de su esposo porque él no trabajaba ni contribuía para satisfacer las necesidades de sus hijos. Desde entonces, es la única responsable de ellos. Mirta trabajó en diferentes empresas y en todas fue despedida porque tenía ataques epilépticos y no entendían su enfermedad. Esta dinámica generaba estrés en ella y llegó a ser muy severa con sus hijos. En consecuencia, unos vecinos la denunciaron por violencia familiar.
Al momento de ser denunciada Martha pasó unos días en prisión, pero salió gracias al pago de una fianza. Sus hijos fueron llevados a un albergue, después con dos de sus hermanas y finalmente con el padre de los niños, quien los tenía en condiciones muy poco dignas. Actualmente ellos viven con Martha, quien costea los gastos lavando ropa y con la ayuda de su familia.
La situación que originalmente generó la violencia fue la irresponsabilidad del esposo de Martha y consecuentemente la escasez de recursos económicos. Sin embargo, la sociedad juzgó a Martha, como la única culpable de la violencia vivida por sus hijos, por ser mujer. Martha fue criminalizada por sus condiciones físicas, económicas y sociales, y el proceso penal, no sólo no resolvió los problemas que vivían sus hijos, sino que trajo más problemas a su vida, afectó su salud y empeoró sus condiciones de vida.
El proceso jurídico fue irregular y se dictó injustamente una sentencia condenatoria, que implica que Martha regrese a prisión por un año o que pague $14,000.00, cantidad que para ella y su familia es imposible obtener.
Hoy Renace, con la ayuda de donantes que creen que la prisión no es la solución a esta problemática social, logró pagar la cantidad necesaria para que Martha conserve su libertad. Sabemos que ella es una mejor madre y que desea tener un empleo formal. Con la ayuda de Renace aprenderá a comunicarse mejor y llevar una buena relación con sus hijos, la ayudaremos a encontrar un empleo que brinde una mejor calidad de vida a ella y su familia.
La historia de Martha es un ejemplo de cómo las autoridades y la colectividad suelen confundir la pobreza con la delincuencia y toman posturas con poca perspectiva de género. Como ciudadanos, nos queda mucho por hacer porque una sociedad que no genera las condiciones para el desarrollo y para entornos libres de violencia es también responsable del problema.